Decía el famoso jurista alemán Ihering que la piedra de toque más segura para juzgar a un pueblo es su reacción ante una vulneración de su Derecho. En España vamos a tener ocasión de pasar ese “test” en breve, de manera que podremos comprobar qué importancia le concedemos a nuestro Estado democrático de Derecho ante la amenaza que supone la próxima aprobación por el Parlament catalán de una Ley de desconexión (la denominada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república) y de la celebración de un referéndum ilegal. Todo sin ninguna de las garantías que en cualquier democracia seria se consideran imprescindibles para que el resultado resulte vinculante no ya jurídicamente sino incluso políticamente. Por eso el nombre de “ley de desconexión” parece especialmente acertado en la medida en que los secesionistas pretenden no solo desconectarse de España y de su ordenamiento jurídico, sino también del Derecho. Efectivamente, hemos podido constatar que el legítimo Gobierno catalán nacido de las elecciones de 2015 ha decidido prescindir por las bravas del fundamento último de su propia legitimidad, es decir, de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico vigente en la medida en que contradiga el […]
↧