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Somos unos cuantos los que nos alegramos mucho de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado julio, después de cinco años y medio en funciones. Como es sabido, el pacto in extremis del PP y del PSOE, bajo la tutela de la Comisión Europea, permitió esta renovación, con perfiles elegidos por los partidos con más cuidado -valga la expresión- de lo habitual o, dicho de otra forma, evitando los más polémicos o más identificados con posiciones claramente partidistas. Además, este CGPJ renovado recibió dos mandatos. Uno, explícito, cuyo término vence en unos meses, consiste en proponer al Parlamento un nuevo modelo de selección de vocales, habida cuenta del fracaso estrepitoso del hasta ahora vigente. El otro, menos explícito, era el de poner orden, en particular, en la cuestión de los nombramientos judiciales. Y es que de eso estamos hablando. De nombramientos judiciales y no de otra cosa; de ese oscuro objeto de deseo tanto de los políticos como de las asociaciones judiciales alineadas con los partidos mayoritarios: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD). Hablamos de los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala II -de lo Penal-, en […]