La reciente decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein de denegar la petición de extradición del ex President Carles Puigdemont por el delito de rebelión (dejándole en libertad bajo fianza) supone otra vuelta de tuerca al ya de por sí complicado culebrón político-judicial, o más bien judicial-político, dado que la Administración de Justicia parece haberle tomado la delantera a la política. Lo que quizás no debería sorprendernos siendo todavía Rajoy Presidente del Gobierno supone en la práctica que se haya delegado en los jueces todas las decisiones, no solo las que les competen -la imprescindible respeto de las reglas del Estado de Derecho- sino también las que no les corresponden como la decisión, aunque sea indirecta, de quien debe de presidir la Generalitat de Catalunya. Porque conviene recordar que, a día de hoy, lo que tenemos son procedimientos de instrucción abiertos por presuntos delitos, unos cuantos políticos independentistas en prisión preventiva y otros cuantos huidos a distintos países. Y lo que no tenemos todavía ninguna condena penal ni ninguna inhabilitación, por claras que pueden estar a ojos de los ciudadanos o incluso de algunos juristas la tipificación penal de las actuaciones de los principales protagonistas del procés. De ahí las discusiones técnicas […]
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